Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

Emiratos Árabes Unidos está reclutando a exmilitares colombianos para combatir en Sudán junto a grupos rebeldes, denunció Human Rights Watch, que afirma haber establecido los vínculos entre empresas de ambos países. y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el mercenarismo colombiano. Entrevista con la directora de esta ONG, Juanita Goebertus, y con el politólogo Armando Mercado Vega. Más de 200.000 personas han muerto en Sudán a causa del conflicto que enfrenta al ejército con el grupo rebelde de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La guerra, que estalló en 2023, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. En este contexto, Human Rights Watch ha podido revelar los vínculos entre empresas colombianas y emiratíes que han permitido el reclutamiento de mercenarios colombianos. “Esta red en Colombia está básicamente asociada a dos empresas, A4F y Fénix, ambas compañías sancionadas por el Departamento de Estados de Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Nosotros en HRW pudimos rastrear a través de distintos documentos financieros y de salarios la relación entre esas dos empresas y la empresa emiratí, conocida por sus siglas en inglés como GSSG, que es una empresa que fue fundada por el Secretario General de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes. Esta empresa tiene vínculos muy cercanos, tanto comerciales como familiares, con la familia gobernante en Emiratos Árabes. Nosotros mostramos cómo GSSG, a través de estas dos empresas colombianas, efectuaban el reclutamiento, así como la manera como se da la conexión entre GSSG y el gobierno de Emiratos Árabes, lo que ha permitido el entrenamiento en instalaciones militares Emiratos Árabes”, subraya Juanita Goebertus. Sin embargo, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos niegan las acusaciones de que combatientes extranjeros hayan sido reclutados y entrenados en su territorio. Armando Mercado Vega Politólogo, especialista en Conflicto Social y profesor de La Universidad Tecnológica de Bolívar, explica las causas de mercenarismo en Colombia. “El mercenarismo en Colombia es un problema histórico porque nosotros tenemos un conflicto armado interno de más de medio siglo. Esto nos ha generado un problema desde el punto de vista no solo del reciclaje de excombatientes, de grupos armados organizados, pero también otro tema que se descuidó por mucho tiempo: los ex militares de la Fuerza Pública. Como bien señala el informe de Human Rights Watch, no hay una política pública enfocada desde el punto de vista de ofrecerle alternativas y proyectos de vida a estos militares luego de que salen de la experiencia militar. Tenemos una bolsa de empleo de ex militares que están muy bien formados, lo que no se puede olvidar. Han sido formados no en entrenamientos, como muchos ejércitos del mundo, sino formados en la guerra misma. Esto es un conocimiento muy apetecido para los especialistas en la violencia en el mundo. No se nos olvide que, en el 2021, el primer ministro de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado precisamente por un comando de mercenarios colombianos”. Ante esta situación, Human Rights Watch insta al gobierno colombiano a que, además de fortalecer el Programa Nacional de Veteranos, abra una investigación contra las compañías involucradas en las prácticas de reclutamiento de exmilitares.

Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias. Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan". ¿Qué piden presos y familiares? Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos. Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”. Apertura de una investigación La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto. Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice. Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III. El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.

Mientras han continuado los ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico por parte de Estados Unidos, sin aportar pruebas y señalándolas de tener vínculos al narcotráfico, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la necesidad de investigar estos hechos sin precedentes que violan el derecho internacional. En los alrededores de Manta, una localidad ecuatoriana del Pacífico, sus pescadores temen salir a trabajar. La pequeña comunidad ecuatoriana de San Mateo, en Manta, ya cuenta dos embarcaciones atacadas por Estados Unidos desde marzo, según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El modus operandi se repite con uso de drones artillados y embarcaciones con militares estadounidenses. Así lo describe Cheo, a quien la explosión lo dejó botando sangre y con una fractura en la espalda. "Yo estaba picando un ceviche y cuando saqué un pie afuera de la cocina, a los pocos segundos: '¡Pum!' Me voló con puerta y todo encima de la cocina. Cuando pegó el otro bombazo, también, la parte de arriba de la caseta del barco. Y al ratito reaccioné, cuando boté sangre por la boca y ahí todos los muchachos (flameaban) un trapo hacía el barco de los Estados Unidos para que no lo atacaran (...) Arriba había otro dron con una granada, no sé si era como un cohete. (...) Nos apuntaron con todito: la metralleta, pistola... dijeron que nos subiéramos uno por uno al barco y ahí lo hacemos. Uno por uno, nos pusieron como esposas o algo así, capucha... se veía clarito cómo se quedaba así quemado el barco". Cheo, lleva más de 15 años pescando y cuenta que su embarcación, el Don Meca, quedó destruida. Tras el ataque, los llevaron a El Salvador, les dijeron que eran náufragos, sin dar ninguna explicación y los soltaron. Los pasajes de regreso corrieron por cuenta de sus familiares, algo que lamenta, pero agradece que su suerte fue diferente a la de los tripulantes de la embarcación Fiorella, desaparecida en enero. "Es el equivalente a disparar contra alguien no armado" Adam Isaacson, de la organización de derechos humanos WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) resalta la necesidad de iniciar investigaciones urgentes para estos casos. "Lo que presenciamos entonces son ataques sin debido proceso en el marco de operaciones de efectuación de la ley letales sin ninguna justificación de autodefensa. Es el equivalente a disparar contra alguien no armado quien está huyendo en una calle. Si un policía hace eso, se encuentra en problemas por haber cometido un homicidio porque no tiene ninguna justificación de autodefensa". El organismo de control independiente del Pentágono investiga la legalidad de dichas operaciones del ejército estadounidense, mientras ya van más de 190 muertos y algunos pescadores de localidades como San Mateo, temen salir a trabajar.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma a la ley electoral para incluir investigaciones a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado. Según el Gobierno, el proyecto busca mayor transparencia y se hace en vísperas de las elecciones de medio mandato de 2027. En medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar al gobernador Rubén Rocha, del partido oficialista Morena y acusado de vínculos con el narcotráfico, así como otros funcionarios y exfuncionarios, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum propone una nueva ley para investigar a candidatos con miras a las elecciones de medio término. Se trata de la creación de una comisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) que coordine la investigación de los antecedentes de precandidatos y comunique a los partidos si hay alerta o no. “Secuestran a familiares de candidatos” Javier Oliva Posada, profesor de ciencias políticas de la UNAM, rescata que ya existe una legislación similar, pero que en este caso la mandataria busca poner el foco en el narcotráfico. “Se van a votar 17 gubernaturas, México tiene 32 estados de la República, entonces un poco más de la mitad se van a renovar. Se va a renovar la Cámara de Diputados, que son 500 escaños, y una cantidad muy importante de congresos y municipios y cabildos. Entonces va a ser un año electoral muy intenso, y tratando de impedir que sobre todo las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico pudieran incidir en favor o en contra de algún candidato, es que la presidenta está proponiendo esta ley”, detalla el analista. “Lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, secuestran a familiares de candidatas y candidatos obligándolos a renunciar a su campaña, y en automático gana el otro, el que puede ser de alguna u otra manera apoyado por los criminales, como sucedió en varios casos, sobre todo en el estado de México donde la actividad criminal favoreció a los candidatos de Morena precisamente”, prosigue. Una ley rápidamente aprobada El académico destaca que dicho proyecto de ley sería rápidamente aprobado y actuaría como una protección para los mismos partidos, aunque los resultados no serían vinculantes, pero sí podrían llevar a una investigación formal de la justicia. “La Constitución de México, para modificarla, necesitas tres cuartas partes del Congreso, eso lo tienen haciendo sus alianzas con otros partidos políticos. Pero como es una ley secundaria, no se necesita más que el 50% más uno, cuando se discuta y se vote en la Cámara de Diputados y de Senadores”, explica Javier Oliva Posada. Al anunciar el proyecto de ley, Sheinbaum reconoció los vínculos entre algunos funcionarios municipales y el crimen organizado en su país. Ya esta semana las autoridades anunciaron la detención de seis políticos locales.

Washington inculpa a Raúl Castro de 94 años por el derribo de dos avionetas en 1996. Entonces, el hermano de Fidel Castro era ministro de Defensa. Es la primera vez que un alto cargo del país comunista es acusado ante la justicia estadounidense. Este acto jurídico también es visto como un acto político y deja muchas preguntas y temores ante las amenazas intervencionistas del presidente estadounidense Donald Trump. El caso de las avionetas “Hermanos al Rescate" ha sido perseguido con tenacidad por la comunidad cubano estadounidense en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump. Como lo indica Eloy Viera, jurista y coordinador del medio El Toque, quien calificó la inculpación de Castro como simbólica. "Desde hace 20 años ha sido parte de los esfuerzos de un sector importante de familiares, amigos, conocidos, colaboradores de los cuatro cubanos fallecidos. Simbólicamente estamos ante un paso más hacia la búsqueda de justicia. Un sector importantísimo de la nación cubana ve en la figura de Raúl Castro no sólo como responsable por esas cuatro muertes, sino también responsable de otros muchísimos actos de lesa humanidad", asegura a RFI, Eloy Viera. Sin embargo, algunos analistas como el también cubano Arturo López Levy señalan que la decisión es una escalada más en las presión de Washington sobre la isla. "Es una política irresponsable porque, por una parte dice que la amenaza más grande que puede venir de Cuba es una estampida migratoria, pero lo que hace es mantener un bloqueo petrolero que está creando una crisis humanitaria de manera tal que justifique una acción dirigida contra el gobierno cubano. Más bien lo que están preparando es una acción militar", explica López Levy. Para el jurista David Peña Guzmán, la inculpación es legítima a nivel interno en Estados Unidos, pero a nivel internacional no es tan clara, sobretodo si se tiene en cuenta el precedente con Nicolás Maduro en Venezuela. "A nivel internacional debemos de responder dos estándares. El primero, la acusación es válida en el país en donde se originó y la respuesta es que sí lo es. Y la segunda es ver, una vez que se tiene esa acusación válida, cómo reaccionan el resto de los países o la comunidad internacional ante la existencia de esta acusación válida", explica el jurista. "¿Qué pasaría si Cuba hace exactamente lo mismo y formula una acusación en contra de el presidente de los Estados Unidos? Si lo hace, tienen a nivel internacional exactamente la misma validez ambas y ambas deben de ser atendidas y respetadas por la comunidad internacional. Tenemos el precedente que vivimos con Maduro en Venezuela y que trae como consecuencia una serie de preguntas", agrega David Peña Guzmán. Dicha inculpación trae muchos interrogantes, pues el gobierno de Trump amenazó con una intervención en Cuba, justo después de su operación en Venezuela en la que capturó a Nicolás Maduro que actualmente está encarcelado en un centro de detención en Nueva York.

El gobierno del presidente Kast se ha visto sacudido por la polémica medida que busca obligar a los centros médicos, colegios y otras instituciones públicas a entregar información confidencial sobre migrantes irregulares. La iniciativa, aún en discusión parlamentaria, genera tensiones dentro del propio gobierno y críticas de expertos y organismos por su posible impacto en el acceso a derechos básicos y la cohesión social. Se trata de un polémico proyecto de ley, aún en discusión en el Parlamento, que busca acelerar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile, una de las principales promesas de campaña del ultraderechista José Antonio Kast. Sin embargo, dicha medida ha generado oposición dentro de su propio gabinete, empezando por la ministra de Salud, ya que es vista como contraria a la ley y como una forma de impedir que los migrantes irregulares accedan a beneficios sociales, obligándolos a dejar el país. El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, alertó sobre los riesgos si se aprobara el proyecto: "Por un lado, no va a disminuir la migración irregular, sino hacer que se invisibilice y que las personas que están en situación irregular eviten acercarse a instituciones públicas y dependan más de redes informales para poder responder a sus necesidades de salud, así como para acceder a cualquier tipo de servicio que hoy día están pudiendo tener en espacios formales. Pero también va a generar un problema para el país en su conjunto, porque tener a miles de personas que están saliendo del sistema de salud, tener a miles de niños y niñas que no están asistiendo a establecimientos educacionales, no solamente afecta a esas familias, sino que afecta a todos. Hoy día, el principal desafío que tiene el gobierno de Chile es pasar de una política que apunta a cuestiones específicas, esporádicas y que son más efectistas que efectivas a una política migratoria que sea estratégica, integral, que no mire solo la frontera, sino que también mire qué es lo que está pasando en las ciudades, en las industrias productivas y qué está pasando en las comunidades". La Defensoría de la Niñez chilena también ha mostrado su rechazo a dicha propuesta, que pondría en peligro a los menores, como lo plantea Ramaciotti. "Impulsar este tipo de medidas con el foco en desincentivar la migración irregular o en poder controlar de manera más efectiva a las personas que están en situación irregular puede tener consecuencias graves en términos de la protección de la niñez y también en términos de la cohesión social del país. Pero si se establece una obligación para que los jardines infantiles, los colegios y los centros de atención de salud se vean forzados a entregar información respecto de ciertas personas, claramente eso implicaría usar la institucionalidad pública de protección social como una institucionalidad de control migratorio", sostiene. El presidente Kast había prometido en campaña expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares y, desde que asumió su mandato, ha impulsado la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país.

Tras el anuncio de los resultados definitivos de la primera vuelta, Perú se apronta para una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 7 de junio. Reflexionamos con el analista Mirko Lauer sobre lo que podría pasar en esta contienda electoral. Tras el minucioso recuento de votos en la primera vuelta, Perú afronta la recta final de sus elecciones generales con dos candidatos con puntos de vista ideológicos muy diferentes. “Dos partidos caudillistas” Se puede pensar que el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dará lugar a una contienda que dirija al país en direcciones muy opuestas, pero también existe una similitud bien marcada, según el afamado escritor y analista político Mirko Lauer. “Cualquiera de los dos resultados se va a parecer mucho al otro resultado, porque no estamos realmente ante un izquierdista chocando contra una derechista. Lo que estamos es ante dos partidos caudillistas tratando de llegar al poder, pero nada más. Basta mirar los planes de gobierno de las dos agrupaciones para darse cuenta que de ahí no sale mucho”, explica Lauer. ¿Podría ganar Sánchez? Después de cuatro semanas de incertidumbre hay un factor que se antoja determinante: el modo in extremis de conseguir el balotaje suficiente para entrar en la segunda vuelta, ¿en que beneficiaría o perjudicaría a Sánchez a la hora de afrontar a Fujimori? “Yo creo que podría beneficiar un poquito a Sánchez, porque, por último, Sánchez es una especie de candidato de la revancha, que ha obtenido una buena parte de sus votos de los resentidos por lo que sienten que le ha sucedido a Pedro Castillo. Y entonces, de alguna manera, el dificultoso recuento se parece un poco a eso y podría ganarle algunos votantes”, estima Lauer. Pero, matiza el analista, “hay un dato importante aquí que es un dato de tipo, vamos a llamarlo ideológico. Nadie que ha votado por Rafael López Aliaga va a votar por Roberto Sánchez, ni de bromas. Y yo creo que nadie que ha votado por el señor Jorge Nieto tampoco va a votar por Roberto Sánchez. Esas son barreras ideológicas muy fuertes que yo creo que le van a impedir a Sánchez ganar”. Jorge Nieto, un hombre clave Para Lauer, el árbitro de la contienda electoral tiene un nombre propio: Jorge Nieto. “Jorge Nieto es un político de centro que ha logrado en un Senado muy poderoso con 30 personas, seis o siete senadores. Podría ser el hombre clave, definitivamente. Tanto si hace alianzas estables con Keiko Fujimori, como si hace alianzas esporádicas para temas puntuales”, subraya. Proclamados los resultados de las elecciones del 12 de abril, los peruanos están llamados a las urnas para la segunda vuelta presidencial el domingo 7 de junio.

La abogada y exjefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, cumple un año en prisión sin que la Fiscalía haya presentado pruebas ni celebrado audiencia. Reportaje de Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. La exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal, la abogada Ruth López, quien ha denunciado los abusos del gobierno de Bukele, sigue presa un año después de haber sido detenida por la policía salvadoreña. La Fiscalía la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no ha presentado pruebas ni ha organizado una audiencia. Entrevista con el director legal de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, realizada por Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador. El 18 de mayo de 2025, la policía salvadoreña capturó a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. En ese momento, según una grabación, ella les dijo a los funcionarios: "Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto. De verdad se los digo". Hoy cumple un año en las cárceles del gobierno de Bukele. Su caso está bajo reserva total. Se desconocen las condiciones en que se encuentra la exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal. "Ruth está bajo un esquema de incomunicación, con restricción de visitas familiares y de abogados", explica a RFI el director legal de esa organización, Abraham Ábrego. Enfrenta un sistema de justicia cooptado por el poder ejecutivo, donde las garantías de defensa son casi inexistentes. "No solo Ruth, sino cualquiera, en este sistema, para probar su inocencia, necesita tener una audiencia ante un juez para tener la oportunidad de mostrar su defensa. Esto no se ha dado. El equipo de abogados está documentando para demostrar que es falso lo que se le acusa", añadió Abraham Ábrego. Los policías llegaron a la casa de la abogada con el pretexto de que estaba involucrada en un accidente de tránsito. Luego fue detenida por el delito de malversación de fondos públicos. Ahora, sin embargo, la acusación es por enriquecimiento ilícito. En las calles de San Salvador, pocas personas se atreven a hablar de este caso. Óscar, de 33 años, acepta opinar. "Ellos se declaran como perseguidos o presos políticos. Pero al final creo que hubo una investigación y, si hay un debido proceso y se encuentra a alguien culpable, tampoco podríamos decir que está mal", manifestó. Pero, para Francisco Lira, diputado de oposición, la persecución política de voces disidentes es una realidad: "Lo único que hizo esta defensora de derechos humanos fue señalar todos los actos de corrupción, defender a esas personas humildes. Lleva un año sin tener un juicio justo, un año durante el cual la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas". El equipo de Ruth López documentó diez casos de corrupción del gobierno de Bukele. Tras la captura, la ONG Cristosal cerró sus operaciones en el país.

El llamado Estado Mayor Central, liderado por el comandante guerrillero Iván Mordisco, anunció en un comunicado la “suspensión de operaciones militares ofensivas” para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La tregua, que llega en un momento marcado por altos índices de violencia, durará desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio. La violencia armada es uno de los principales temas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en 2025, el impacto humanitario de los conflictos armados siguió siendo crítico, provocando cientos de miles de desplazados en todo el país. “Ha estado muy golpeado” En medio de esta crisis, el guerrillero más buscado de Colombia y líder de la disidencia de las extintas FARC, Iván Mordisco, anunció un cese al fuego para brindar las “condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas”. Un motivo que Leonardo González, director de Indepaz, pone en duda: “Lo que hoy se entiende es como este alto el fuego, entre otras cosas, puede ser en el movimiento que tiene en estos momentos Mordisco por el departamento del Cauca. Mordisco ha estado muy golpeado hacia la zona del Guaviare, incluso se dice que está herido y que se ha estado resguardando al otro lado del país en el departamento del Cauca. Entonces es una especie de distractor para una tregua”. Según datos de Cruz Roja Colombia, más de 250 mil personas abandonaron sus hogares por culpa de la violencia armada y al menos 965 personas fueron heridas o fallecieron a causa de artefactos explosivos. “Pérdida de libertad para elegir” Para González, esta tregua supone un respiro para algunas regiones, pero no significa que la población esté a salvo durante las elecciones: “Aquí la principal afectación que tiene la población civil en cuanto a elecciones es la pérdida de libertad para elegir por quien ellos quieran votar. En las anteriores elecciones, en diferentes zonas se ha presentado la denuncia de cómo son obligados a votar por determinado candidato y eso es lo que hoy está en juego, está en riesgo, y es que no sean libres las elecciones, no que no haya elecciones, sino que no haya libertad para elegir por parte de los votantes”, explica. El director de Indepaz también recalca que este es un cese al fuego contra la fuerza pública y no contra las disputas territoriales entre guerrillas: “En la costa norte hay conflictos territoriales entre los Gaitanistas y los de la Sierra Nevada, y en Antioquia, los de las disidencias contra los Gaitanistas y el ELN, por lo que tenemos son conflictos entre ellos. No existe una guerrilla en estos momentos que se esté disputando el poder contra el Estado o que tenga un alzamiento para pretender una toma del poder y por lo tanto, la gran mayoría de los enfrentamientos y combates se dan entre los grupos armados ilegales”, precisa González. En agosto pasado murió en un atentado el senador Miguel Uribe, aspirante a ser el candidato de la oposición. Actualmente, los tres aspirantes a la Presidencia han denunciado amenazas intimidatorias o de muerte.

En medio de apagones generalizados en todo el territorio, causados por un asfixiante bloqueo que impide la importación de petróleo y el fin del suministro venezolano, Cuba aparece, gracias a China, como un ejemplo insólito de desarrollo de energías renovables, que aportan cerca del 10 % de la electricidad generada en la isla. Sin embargo, el desarrollo a mediano plazo de este tipo de energía parece muy difícil, según Jorge Piñón, colaborador sénior de investigación en el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Gracias al financiamiento de China, se han implantado más de 50 parques solares en Cuba. La producción de energías renovables registró un aumento considerable entre 2024 y 2025, pasando de un 3 % a casi el 10 %. ¿Pero por qué el gigante asiático financia las energías renovables en la isla? “Esto forma parte de la política china”, dice Jorge Piñón, colaborador sénior de investigación en el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Ese país “también ha hecho este tipo de inversiones en África, contribuyendo a la expansión de la infraestructura de países en transición económica y política. Es una manera de establecer buenas relaciones, lo que tiene un valor político a largo plazo. China lo está haciendo en Cuba y en otros lugares porque lo necesita. Es una manera de demostrar al resto de la región la contribución económica y humanitaria que puede ofrecer”, indica. Un desarrollo que no es suficiente para evitar los apagones actuales en casi todo el país. El último dejó al 65 % del territorio cubano con cortes simultáneos. El ministro de Energía y Minas anunció que las reservas de combustible están agotadas. Piñón subraya que el problema va más allá de la escasez de petróleo. “El problema de Cuba no es solamente la generación de energía, sino las líneas de transmisión, que tienen más de 30 años sin mejoras ni mantenimiento de fondo. Esto es un problema porque se puede tener toda la generación de energía necesaria, pero si no existen líneas para llevar la electricidad a los consumidores, esos parques solares no aportan ningún beneficio”. Los beneficios de la energía solar en Cuba son hoy, por ello, casi imperceptibles para la mayor parte de la sociedad. De ahí que el objetivo de emplear únicamente energías verdes para 2050 parezca inalcanzable. “Sin las sanciones de Estados Unidos en el marco del embargo petrolero, esa meta ya era extremadamente difícil de alcanzar para Cuba. En realidad, la energía solar es la única que parece que llegará a los 1.000 megavatios. La energía eólica no llegará; será cero. La biomasa, también cero, al igual que la sustitución de combustibles fósiles, como el petróleo crudo que están quemando. Se planeaba cambiar a gas natural licuado, como lo tienen Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, pero tampoco. Estas metas cubanas son muy difíciles de alcanzar”, concluye. Piñón recalca que el desarrollo de las energías renovables es algo positivo, pero depende de una financiación que Cuba no posee. Según un análisis del Proyecto de Seguridad para la Transición (TSP), un grupo de expertos vinculado al centro británico Common Wealth, a Cuba le costaría 8.000 millones de dólares generar alrededor del 93 % de su electricidad a partir de fuentes renovables, y un sistema eléctrico 100 % renovable tendría un costo de 19.000 millones de dólares.

En un contexto de tensión en los mercados energéticos por la guerra en Oriente Medio y la caída a un ritmo acelerado de las reservas, Venezuela reaparece como un proveedor útil para Estados Unidos. Aunque su peso global sigue siendo limitado, su papel gana relevancia por su valor estratégico y geopolítico, explica el analista José Enrique Arrioja. En medio de la subida de los precios del crudo a causa de la guerra en Oriente Medio y la reducción récord de las reservas de petróleo, el aporte de Venezuela como país productor, aunque menor, resulta particularmente beneficioso para Estados Unidos, afirma José Enrique Arrioja, analista económico del Centro de Expertos del Consejo de las Américas. Cuando se cumplen ya más de diez semanas de guerra en Oriente Medio, las reservas mundiales de petróleo se están agotando a un ritmo récord debido a las interrupciones del flujo a través del estrecho de Ormuz, que siguen restringiendo la oferta, informó este miércoles la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Según la AIE, el mercado del petróleo seguirá previsiblemente en déficit hasta el último trimestre del año, mientras las interrupciones en el estrecho de Ormuz limitan la oferta y aumentan el riesgo de una nueva volatilidad de los precios. En este contexto de crisis en torno a la producción de crudo, Venezuela es un jugador menor, pero desempeña un papel significativo. Desde la detención de Nicolás Maduro en enero por Washington, la producción de barriles ha aumentado en ese país en un 22,9 %, cifra inédita desde 2019. Para José Enrique Arrioja, analista económico del Centro de Expertos del Consejo de las Américas, Venezuela se ha vuelto bastante útil para Estados Unidos. Venezuela, segundo proveedor de crudo a Estados Unidos "En estos instantes, Venezuela se ha convertido en el segundo proveedor de crudo a Estados Unidos después de Canadá. En el equilibrio energético global, la cifra todavía tiene poco peso, sobre todo si se contrasta con las producciones que tienen otros países de la OPEP. Pero hay detrás de la interpretación de estos números fríos y escuetos un simbolismo y un valor estratégico y geopolítico, que es lo que históricamente le ha dado realce e importancia a la producción petrolera venezolana", explica. Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2018 y 2019, Venezuela vendía la gran mayoría de su crudo a Asia, sobre todo a China. Pero parte del plan de Washington también es influir en este mercado. "En este mes de mayo, prácticamente 600.000 barriles de petróleo se están vendiendo a Estados Unidos. El resto de las exportaciones siguen yendo a destinos en el mercado asiático, pero definitivamente la presión de Estados Unidos sobre el gobierno liderado por Delcy Rodríguez para cortar relaciones con China está generando una recomposición en las ventas de Petróleos de Venezuela, haciendo que estas tiendan cada vez más a irse hacia Estados Unidos en lugar de dirigirse a los mercados asiáticos". Venezuela, importancia estratégica Estados Unidos tiene especial interés en el crudo de Venezuela, ya que sus refinerías pueden adaptarse al petróleo pesado que produce el país caribeño. Es por ello que se espera que la producción continúe aumentando y generando crecimiento. Se espera una revitalización de la contratación de mano de obra. Compañías al estilo de BP, Repsol, ENI están ya firmando acuerdos importantes para reactivar o retomar presencia. Se tuvo en Venezuela, en el caso de Repsol, la intención de triplicar la producción que tiene hoy en día la compañía en ese país, pasando de unos 45.000 barriles por día a 150.000 barriles por día en los próximos tres años. Arrioja concluye afirmando que el conflicto en Oriente Medio no convierte a Venezuela en una amenaza económica para el resto de los países de la OPEP, pero pone de manifiesto la importancia geoestratégica de este país en el panorama internacional.

La presidenta Sheinbaum reaccionó este martes a los comentarios que hizo a comienzos de mayo , durante su visita a Méxicola presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la Conquista española, en particular, rendir homenaje a Hernán Cortés. La historiadora Patricia Galeana, catedrática de la UNAM, explicó a RFI por qué esas declaraciones han suscitado polémica nacional. El pasado 4 de mayo, Ayuso participó en un homenaje a Hernán Cortés e Isabel la Católica junto a conservadores del Partido Acción Nacional. La controversia obligó a suspender su gira, prevista para durar una decena de días. Sheinbaum criticó este martes el homenaje: "Estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Cuestionó el acto como intromisión de "la derecha internacional" para dividir, acusando a Ayuso de imperialismo en su programa televisivo. También señaló al PAN de promover ideas ligadas al "racismo" y la "discriminación" actuales. Patricia Galeana explica por qué el legado de Hernán Cortés desata controversias en México: "Heroificar de esta manera la memoria de Hernán Cortés genera rechazo en la población porque [la Conquista] fue un proceso doloroso. Hubo gran mortandad indígena no solo por la conquista misma, sino por enfermedades europeas ante las que la población originaria carecía de defensas". En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió disculpas a España por crímenes coloniales. Felipe VI reconoció abusos, sin disculpa oficial. El presidente del gobierno español Pedro Sánchez criticó a Ayuso: "En cuanto a la las relaciones México-España no ha habido repercusiones porque Sánchez hizo declaraciones muy fuertes, muy contundentes, en contra de Ayuso. En su discurso envió un abrazo al pueblo mexicano", dice Galeana. La experta concluye que esta polémica consolida la polarización de la sociedad y la política mexicanas. "Lo que se puede ver desde aquí [México] es que Ayuso representa la derecha dentro de la derecha del PP. O sea, casi, casi está con Vox. En ese escenario, creo que al partido mexicano Acción Nacional le va a dar un dividendo negativo por haberse ido hacia la extrema derecha. Por otra parte, al partido de pseudoizquierda, que yo no lo considero realmente como tal, va a capitalizar estos hechos", concluye la historiadora. La presidenta de la comunidad de Madrid acusó a Sheinbaum de boicotear su visita y al Gobierno español, de no proporcionarle seguridad. Ambos han negado las acusaciones y, por el momento, Ayuso no ha mostrado pruebas.

El juicio contra el expresidente Evo Morales por trata agravada de una menor se suspendió este lunes en Bolivia debido a que el acusado no asistió, y se renovó la orden de captura en su contra. RFI habló con su abogado Wilfredo Chávez. En enero de 2025, la justicia declaraba en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por estupro, un delito que implica tener acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años. En esta ocasión, una vez reactivado el caso bajo la figura penal de trata de personas agravada, Morales no se presentó al tribunal que lo citó ya que, según su abogado, Wilfredo Chávez, no fue notificado personalmente sino a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos. “No se ha cumplido con la notificación personal y ellos han optado más bien por hacer una notificación por edicto. La notificación por edicto es una notificación que se realiza cuando no se conoce el domicilio de la persona o no se conoce el paradero de la persona. Ninguna de las dos hipótesis que he mencionado converge con la situación del presidente Evo, porque todos saben donde vive, con una actitud, digamos, desleal con la justicia”, explica el abogado. “Pero ¿cómo podía estar presente si no ha sido notificado? Mientras no se cumpla ese procedimiento legal a objeto de organizar la defensa, él no puede presentarse bajo ninguna circunstancia ante el órgano judicial”, agrega. “Eso no va a prosperar” La defensa de Morales rechaza los cargos contra su cliente abogando que se le abrió una investigación por el mismo caso en 2019 y que se archivó un año después. Según Chávez, el caso no prosperará por varios argumentos: “Nuestra estrategia es acudir también a organismos internacionales de que se pide información del por qué en el caso de Evo Morales no le notifican y lo enjuician solo con un tema político, cuando sabemos que eso no va a prosperar para nada, primero porque no tiene sentido ese juicio y porque no tiene víctima, y segundo porque en realidad el juicio se suspende”. “El presidente Evo Morales va a estar siempre al servicio del país. Se ha presentado un memorial de parte de la señorita Cindy Sarahí Vargas, que es la supuesta víctima, y ella ha aclarado al tribunal que no ha sido objeto de los delitos que se sindicarían a Evo Morales, ninguno de ellos. Y ella ha aclarado más bien que eso no tiene ningún sentido. Ha aclarado su situación en un extenso escrito, y si ese memorial se considerara por el Tribunal de Sentencia, debería exonerar de inmediato al expresidente Evo Morales”, subraya el abogado. El juicio contra Evo Morales quedó suspendido hasta que el exgobernante se presente ante la Justicia o que la Policía ejecute la orden de captura en su contra, una condición que impide archivar el proceso mientras no comparezca. El líder indígena, de 66 años, se encuentra desde octubre de 2024 refugiado en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, para evitar una orden de captura.

En Colombia se despliega estos días la misión de 150 observadores electorales de la Unión Europea, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. El equipo europeo velará por que la campaña pueda hacerse en las mejores condiciones, en medio de una ola de violencia por parte de grupos armados que tratan de influir en el proceso electoral. En las últimas semanas, los grupos armados colombianos han desatado una campaña de terror con ataques, en los que han muerto una veintena de personas, entre ellas civiles, líderes locales o periodistas, según denuncia la Misión de Observadores electorales de la Unión Europea en Colombia. Esta extorsión es una forma de ejercer el control territorial de cara a las elecciones, sobre todo en las zonas rurales y poco pobladas del país, como explica José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la misión. “Por desgracia, la violencia está presente en las elecciones colombianas desde hace décadas. No es un fenómeno de este proceso, ni del anterior. En este sentido, es indudable que tiene un impacto porque en algunas zonas del país hay una multiplicidad de grupos armados de distinto origen, de distinta genealogía y que básicamente están centrados en la explotación de tráficos ilegales, la droga, la extorsión, la minería ilegal del oro y ejercen control territorial en las zonas rurales y eso impacta en las elecciones”, denuncia Gabriel. No solo tratan de influir en la libertad de voto de la población, sino que se impide a los candidatos hacer campaña libremente en las zonas más aisladas. “Todos los ámbitos del espectro político, de izquierda y derecha, han denunciado que en algunos lugares no han tenido acceso a las comunidades para hacer campaña,” explica el jefe adjunto de la Misión de Observación de la UE. La violencia impacta en todos los ámbitos, sobre todo en las zonas donde están presentes estos grupos, que ahora utilizan drones comerciales cargados de explosivos y operados a control remoto. “Es un problema que desborda el ámbito electoral y que está basado, evidentemente, en unas economías ilegales enormes y la permanencia de grupos armados que han transformado su sentido, ahora sólo se dedican a los tráficos ilícitos”, afirma Gabriel. El presidente, Gustavo Petro, intentó sin éxito negociar con los guerrilleros disidentes de las FARC, que han fortalecido sus filas en los últimos años. Iván Cepeda, su discípulo, parte favorito en las encuestas.

Las autoridades de Venezuela exhumaron esta semana el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que fue detenido hace más de un año y murió el pasado julio, pero cuyo fallecimiento lo han reconocido ahora las autoridades, tras meses de silencio oficial. Víctor Hugo Quero fue detenido en diciembre de 2024, acusado de actos de terrorismo, como decenas de presos políticos en Venezuela. Su madre, Carmen Navas, de 82 años, denunció su desaparición forzada y no ha dejado de buscarlo desde entonces, como denuncia Stefania Migliorini, abogada de la ONG Foro penal, que la ha acompañado en este proceso. “Ella tenía más de un año buscando a su hijo y siempre tenía la esperanza de poder volver a verlo, decía que estaba muy preocupada porque su hijo estaba muy enfermo. Recorrió muchos centros policiales y penitenciarios sobre todo en Caracas, también fue al ministerio de Asuntos Penitenciarios donde allí tampoco le dieron respuesta acerca de su paradero”, apunta la abogada. Es ahora cuando las autoridades han reconocido su muerte, meses después de su desaparición y muerte. La exhumación fue ordenada por la fiscalía. El ministerio penitenciario admitió que Víctor Hugo murió debido a una insuficiencia respiratoria cuando fue trasladado al Hospital de Caracas. “Nosotros no entendemos por qué tardaron tanto en darle una respuesta a Carmen, una señora de 82 años que estaba agotada”, dice a RFI Stefania Migliorini Es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido. Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada. “El fiscal general realizó un comunicado donde informaba de la apertura de una investigación y la exhumación de sus restos para verificar que sea él. Se tiene que hacer justicia y se determinen las responsabilidades de lo sucedido con Víctor Hugo”, reclama la abogada. Desde 2014 ha muerto 19 presos políticos bajo custodia del estado y 454 personas han sido detenidas por motivos políticos, según Foro Penal.

El presidente brasileño Lula da Silva se reunió ayer con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca: un encuentro de dos horas que incluyó un almuerzo, del que ambos se mostraron satisfechos. Los mandatarios han tenido una relación irregular, pero más allá de las diferencias ideológicas, ambos países tienen importantes intereses comerciales en juego. La reunión entre Lula y Trump estaba prevista a principios de año, pero se pospuso tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Los dos han tenido una relación de altibajos. Entre los temas a tratar, además de las tasas arancelarias, estaba el interés de Estados Unidos en los yacimientos de tierras raras de Brasil. Leonardo Paz Neves, de la Unidad de Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas, explica a RFI que “Brasil no es como los chinos u otros que tienen leyes súper restrictivas o proteccionistas de los metales críticos”. “Una compañía norteamericana, hace un mes, dos meses creo, ha comprado una compañía brasileña que hace minería de metales críticos. Entonces ya tienen empresas norteamericanas explotando minería crítica en Brasil, que ya está abierto para la competición normal, liberal”, precisa. El narcotráfico, un tema espinoso Otro de los temas críticos es el narcotráfico, puesto que Trump pretende designar a dos grupos criminales brasileños como terroristas, algo que rechaza el Gobierno de Lula. “A Brasil le gustaría hacer una cooperación con Estados Unidos para intercambiar informaciones de pandillas criminales, de narcotráfico. Los norteamericanos están intentando clasificar dos grupos muy importantes de narcotráfico aquí en Brasil, como narcoterroristas, como hizo con grupos venezolanos, colombianos. Para nosotros eso es muy malo. Entonces Brasil está intentando mostrar a Trump que vamos a hacer una ley, vamos a hacer una política muy dura contra el narcotráfico, los crímenes, pero no necesitamos que los conviertan en narcoterroristas”, comenta al respecto Leonardo Paz Neves. Lula, que está en plena campaña de reelección, señaló tras el encuentro que el presidente norteamericano no ejercerá ninguna influencia en las elecciones. Según el experto, “para Lula, lo mejor sería que todas esas cuestiones sean tratadas en un nivel técnico y a nivel de ministerios o secretarías, de instituciones públicas y no a nivel político. Los bolsonaristas quieren que todo sea contaminado, que sea una relación muy tensa: van a decir que Lula no consigue hacer nada con Estados Unidos, que no tenemos una buena relación con Estados Unidos, que no vamos a conseguir desarrollarnos o solucionar nuestros problemas. Entonces Lula quiere que los temas vayan a nivel técnico, mientras los bolsonaristas quieren contaminar y fomentar la tensión entre Brasil y Estados Unidos”.

El papa León XIV recibe este jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, apenas semanas después de las duras críticas al pontífice por parte del presidente Donald Trump. Esta visita a Roma y el Vaticano se lee como un intento de descongelar las frías relaciones entre la administración Trump y el sumo pontífice. León XIV fue elegido papa hace justo un año, y en lo que lleva de pontificado se ha caracterizado por el choque frontal con el Gobierno de Donald Trump. El pontífice estadounidense dijo que la amenaza de Trump de destruir Irán era inaceptable, Trump respondió que no era fan de León XIV y lo calificó de débil y terrible. Marco Rubio es católico así que la visita puede tender puentes, analiza Manuel Camilo González Vides, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá: “Los interlocutores son muy cercanos. Marco Rubio es católico y esto permitiría un acercamiento mucho más próximo, mucho más cálido, después del conflicto que se ha tenido”. “Obviamente creo que la parte difícil de la conversación puede ser hasta qué punto el Vaticano puede alinearse con las políticas de Washington. Creo que eso puede ser una línea roja que seguramente tendrán que superar ambas partes para restablecer la relación”, prosigue el especialista. ¿Posturas irreconciliables? Las posturas parecen irreconciliables también en otros puntos, puesto que el papa ha sido muy crítico con las políticas migratorias del presidente: “Creo que hay dos situaciones que están muy hiladas: una es la propia experiencia personal del papa antes de ser papa, y es que ciertamente el cardenal Prevost en ese entonces tuvo mucho contacto con comunidades indígenas, que han sufrido marginalización y violencia, y que por obvias razones se han visto obligadas a migrar. Eso lo acerca mucho a la experiencia del migrante y del acompañamiento de la Iglesia católica en este tema, que es un tema muy espinoso. Creo que se mantienen esas líneas de oposición a las políticas muy autoritarias en términos de migración que ha colocado el presidente Donald Trump”, explica asimismo el profesor de Relaciones Internacionales. Marco Rubio pidió también verse con Giorgia Meloni, aunque a Trump no le gustó que la primera ministra italiana saliera en defensa del papa tras sus ataques. “Marco Rubio va a jugar un poco a decir ‘bueno, nosotros ya hemos desistido de aniquilar toda una civilización’, como dijo Trump, pero buscará tratar el entendimiento de que efectivamente lo que sucede en el estrecho de Ormuz es un asunto global, que tiene implicaciones globales, y seguramente será la línea que tratará de enfocar hacia el Papa León XIV, no tanto como líder espiritual, sino como jefe de Estado”, concluye González Vides.

Cientos de manifestantes llegaron a La Paz a comienzos de la semana para exigir al gobierno la anulación de una ley que consideran lesiva para sus territorios ancestrales. La nueva normativa sería contraria a la Constitución y benéfica para los grandes propietarios, según el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos Acuña, y el investigador Juan Pablo Chumacero. Transportistas paralizaron la víspera el servicio público en varias ciudades de Bolivia y bloquearon carreteras, en una protesta por la escasez y la mala calidad de los combustibles. El lunes, además, después de 28 días de marcha y más de 1.000 kilómetros recorridos, manifestantes —en su gran mayoría indígenas amazónicos— llegaron a La Paz para exigir al presidente Rodrigo Paz la anulación de la Ley de Tierras. La normativa, según denuncian, afecta sus territorios ancestrales, favorece a los grandes propietarios y abre la puerta a la expansión y la concentración de la tierra. "Es una ley inconstitucional porque colisiona frontalmente con el principio de inembargabilidad establecido en la Constitución. Esto es inaudito. Si analizamos la situación en Bolivia, el gobierno es tan débil que no puede plantearse un proceso de reforma parcial de la Constitución. Si bien el Gobierno es, digamos, la expresión de la clase dominante, no tiene la suficiente legitimidad para encarar un proceso de reforma parcial. Por lo tanto, lo que ha hecho es emprender un proceso para sobrepasar los límites de la Constitución a través de una ley". Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, advierte que los campesinos no son los verdaderos beneficiarios de esta ley. "Durante el proceso de saneamiento, una cantidad de grandes propietarios utilizó el proceso de regularización de derechos propietarios implementado en el país para subdividir sus propiedades y, de este modo, camuflarse como pequeños propietarios. Al hacerlo, han evitado una serie de pagos que debían realizar como grandes propietarios: el costo del saneamiento, las tasas, el pago de impuestos, etc. Lo que están haciendo ahora es intentar blanquear y transparentar esta situación, pero de una manera que los libera de los compromisos y obligaciones que tienen como grandes propietarios. Estamos hablando de parcelas de 200 o 300 hectáreas en las que se cultiva soya y cuyos terrenos pueden costar medio millón de dólares. Aun así, los grandes propietarios pretenden que no se verifique la función económico-social en estas propiedades. Esto es, claramente, una cuestión de desigualdad, inequidad e injusticia en la cuestión agraria", concluye. Esta protesta campesina se suma a otras contra la gestión económica del Gobierno. Obreros, maestros y mineros anunciaron un próximo paro indefinido a nivel nacional, mientras que los transportistas bloquearon este martes las rutas de Santa Cruz, en el oriente del país.

Perú volverá a contar con un Congreso bicameral tras más de tres décadas de sistema unicameral. La reforma, aprobada por el Parlamento en 2024, busca fortalecer el equilibrio de poderes y mejorar la representación política en un país marcado por una fuerte inestabilidad institucional. En los últimos 10 años, Perú ha tenido nueve presidentes, seis de ellos con mandatos interrumpidos. En las polémicas elecciones del pasado 12 de abril, cuyo conteo de votos aún continúa y en las que todavía no se sabe con certeza quién pasará al balotaje junto a la candidata Keiko Fujimori, los peruanos también eligieron a los diputados y senadores que integrarán el nuevo Congreso. Santiago Bedoya, analista político del Centro Wiñaq, nos explica el impacto que podría tener este nuevo sistema legislativo: “Con la creación o el regreso, en todo caso, al sistema con un Senado como Cámara Alta, lo que se garantiza es establecer algunos checks y balances al sistema. Claro, todavía existe la posibilidad de esta famosa figura de la vacancia presidencial, la forma en la que se ha logrado remover del cargo a diversos presidentes desde 2016. Sin embargo, ahora, para que se dé este proceso, no solamente tiene que pasar por una cámara: luego de pasar por la Cámara de Diputados, tiene que ser presentada ante el Senado de la República y es el Senado que tiene que tomar el voto final al respecto, con un umbral de votos mucho más alto. Y viendo los resultados de este proceso electoral celebrado el 12 de abril, no pinta a que ni la derecha parlamentaria ni la izquierda parlamentaria pudiese llevar a cabo una medida de tal envergadura”. “Ciclo de inestabilidad” Sin embargo, existen dudas sobre las razones por las cuales los congresistas han impulsado el retorno al sistema bicameral. Álvaro Carbajal, politólogo y docente de la Universidad Católica del Perú, considera que “en el caso de que gane Keiko, es más posible que exista mayor estabilidad debido a su fuerza parlamentaria, sobre todo en el Senado. Si gana Sánchez, me temo que este ciclo de inestabilidad continuará, debido a que no cuenta con una mayoría o ni siquiera con una minoría suficiente que le permita sobrevivir a una institución en ninguna cámara, ni siquiera aliándose con bancadas ideológicamente afines como Ahora Nación. Por otro lado, bancadas como Buen Gobierno y OBRAS permanecen una incógnita, por lo cual no se sabe exactamente el destino que tomarán una vez en el Congreso, debido a la variopinta composición de las bancadas”. Los nuevos senadores tendrán un papel decisivo en los procesos de vacancia presidencial: una moción iniciada por la Cámara de Diputados solo prosperaría si obtiene mayorías calificadas en ambas cámaras. Además, el Senado tendrá la potestad de nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los directores del Banco Central y a otras altas autoridades.

El próximo viernes 8 de mayo, Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica. El evento contará con un fuerte despliegue de seguridad que ya genera críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten que las estrictas medidas podrían vulnerar el derecho a la libre manifestación. "Mi nombre es Mia Fink, yo soy activista y estudiante de derecho de la Universidad de Costa Rica". La joven de 19 años interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de su país, en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por considerar que las recientes declaraciones del Jefe de operaciones de este Ministerio, Freddy Guillén, sobre el traspaso de poderes del 8 de mayo, atentan contra el derecho a la reunión, asociación y manifestación. A continuación un extracto de las declaraciones (del MSP) en rueda de prensa del 27 de abril: "Vamos a tener grupos que van a estar atentos a contener cualquier situación de disturbios que se puedan presentar, pero a la vez, a través de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (del Ministerio de Seguridad) tenemos distribuidos desde el centro de San José, y otros puntos, oficiales de civil que van a estar identificando e individualizando grupos que se quieran organizar y desplazarse al Estadio Nacional para ser intervenidos de previo.’’ Mia Fink reacciona: "Qué van a buscar desplegar fuerzas policiales directamente para intervenir a quienes se manifiesten o para identificar a quienes se intenten manifestar. Imagínese lo peligroso que es ésto. Entonces el recurso no es para que no haya seguridad. El recurso es justamente para tutelar el derecho a la manifestación, para que las personas puedan manifestarse y para que las fuerzas policiales que hayan, sean exclusivamente para temas de seguridad y no para intervenir manifestaciones pacíficas". Al menos 800 oficiales vigilarán la toma de posesión de Laura Fernández prevista en el Estadio Nacional. Entre ellos habrá agentes encubiertos en un perímetro de seguridad superior a un kilómetro. Mia Fink: "Claramente siempre ha existido seguridad en el traspaso; no es un tema de seguridad lo que estamos intentando quitar. Es un tema de que Costa Rica está en un retroceso democrático muy grande, lo advierte el Estado de la Nación. Vimos cómo Costa Rica pasó del puesto 8 al puesto 38 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras del 2022 al 2026, en tan solo cuatro años de gobierno de Rodrigo Chaves; perdimos 30 puestos en libertad de prensa". Laura Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación durante el mandato de Rodrigo Chaves. La nueva presidenta ha dicho que le ofrecerá a su predecesor un cargo en su Gobierno. Anunciará su gabinete el próximo martes 5 de mayo.